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Sandro Taricco, al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, fue el primero en reunirse con dirigentes sindicales para presentarse formalmente -hasta hace dos semanas era gerente general de la Superintendencia- y transmitir confianza de que no habrá alteraciones en el reparto de fondos para las obras sociales sindicales. El primer paso desde su nombramiento lo dio hacia fines de agosto con un almuerzo que compartió con los referentes de 18 gremios de las 62 Organizaciones, el sello que lideró hasta su muerte Gerónimo Venegas y que por ahora se mantiene como el único en total sintonía con el Gobierno.

El siguiente paso lo dio Jorge Triaca para establecer las condiciones de la reanudación del diálogo. Para el Ejecutivo será clave un compromiso de los sindicalistas de deponer cualquier medida de fuerza luego de que la marcha a la Plaza de Mayo del 22 de agosto se concretara incluso a pesar de la oposición interna de los grupos más negociadores. Habrá un tercer escalón, pero reservado para el final del proceso, sin fecha: una posible audiencia de los sectores más representativos de la CGT con Mauricio Macri.

Parecen recrear a los sindicalistas de fines de los ’60 divididos entre vandoristas y participacionistas frente a los gobiernos militares de la época. Unos muestran los dientes en la calle para negociar y los otros trajinan los despachos patronales para ceder conquistas, aceptando convenios flexibilizadores, despidos selectivos y salarios a la baja. Mientras tanto, el gobierno interviene a los sindicatos más díscolos y alienta acuerdos sectoriales con los dirigentes más dialoguistas. Palo y zanahoria.

Pero no solo traicionan a los trabajadores, ni siquiera son solidarios entre ellos. En la marcha del 22/8 se presentaron divididos y con un discurso sin convicción que envalentonó nuevamente al gobierno y las patronales a nueva ofensiva de un capitalismo insaciable que sueña con una reforma laboral al estilo Temer o Macron.

Al respecto, las automotrices picaron en punta, ya en julio el Ministro de Producción, Francisco Cabrera, les había anticipado una menor carga tributaria, en línea con los reclamos de la Asociación de Fábricas de Automóviles (Adefa), la Asociación de Concesionarios (ACARA) y los autopartistas de AFAC, a través de un documento que lleva el título de “Sustentabilidad del sector automotriz argentino”, donde aseguran que los costos de producción locales son un 25 % mayores en promedio que los brasileños y 65 % que los mexicanos.

La propuesta incluye todo un capítulo sobre las relaciones laborales. Propone avanzar sobre los convenios colectivos, el salario y las condiciones laborales en general, e incluye detalles como la eliminación de la hora para el almuerzo.

El documento está dividido en tres partes. La primera consta de cinco grupos de medidas. El primer grupo plantea un acuerdo con los sindicatos para fijar un tope del 3 % al ausentismo; aumentar el nivel de utilización del tiempo del trabajador (saturación); implementar metodologías para subir la productividad; reducir el tiempo de actividad sindical y la cantidad de delegados; y revisar la contribución a la obra social.

El segundo grupo reclama cambios en los convenios colectivos: subdivisión por servicios; polivalencia entre puestos de trabajo y áreas; revisión de incentivos, premios y bonos por objetivos de calidad, productividad y ausentismo; enganche de la antigüedad a la productividad y el ausentismo; salarios más bajos en períodos de prueba; retiro del tiempo de comedor de la jornada de trabajo; y que se implemente un banco de horas acumuladas en paradas o suspensiones para compensar horas extra.

El tercer grupo pide modificar la legislación: que se revisen la alícuota y el reintegro del costo de la ART y que se reduzcan las cargas sociales; flexibilizar la contratación de personal temporario; legalizar la tercerización; disminuir las “contingencias legales” y reducir los costos por antigüedad; y bajar las escalas del Impuesto a las Ganancias.

El cuarto propone planes de formación técnica e incentivos para el desarrollo de pasantías y el quinto, inversión en tecnología y automatización.

Los cambios que piden están en sintonía con la reforma laboral que se acaba de aprobar en Brasil y prevén que el SMATA “no va a ser un obstáculo” en la negociación.

Las enmiendas a las condiciones de trabajo en Vaca Muerta (Neuquén), se extendieron a Chubut y ahora las petroleras negocian, con YPF a la cabeza, con la provincia de Santa Cruz. Pero hay una suerte de cuarto intermedio hasta que se resuelva una interna prevista para el 21 de setiembre en uno de los sindicatos petroleros más activos.

La situación se aceleró por la salida de la china Sinopec, que es el segundo productor detrás de YPF porque, según afirman, “no le encontró la vuelta a la relación con los sindicatos”.

A Tecpetrol, la operadora petrolera de Techint, que se encuentra en el ojo de la tormenta por iniciar despidos masivos de petroleros en Chubut y militarizar el yacimiento para evitar que los empleados reinicien sus protestas, parece no alcanzarle con haber logrado flexibilizar las condiciones de trabajo en Vaca Muerta gracias a un acuerdo con el gremio que comanda Guillermo Pereyra.

“Vaca Muerta es un recurso que puede competir con los mejores yacimientos del mundo produciendo los hidrocarburos. El desafío nuestro como industria es hacerlo a costos competitivos”, afirmó su presidente, Carlos Ormachea en un encuentro organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

“La meta es ambiciosa, queremos bajar los costos 50%. Esa tiene que ser la meta, y es factible”, aseguró.

Myron Brilliant, vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de EE UU, que llegó en paralelo a la visita de Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, señaló que: “los costos laborales son altos en la Argentina”. Aunque reconoció que: “Las reformas no van a ser fáciles, ni aunque exista una mayoría en el Congreso. Llevarán tiempo”.

Trabajadores de prensa denuncian violencia policial

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), denunció en la Legislatura porteña la violencia policial que viene sufriendo la prensa durante las coberturas de diferentes movilizaciones sociales.

“Lo que pasó el viernes 1º de setiembre es lo que sabíamos que iba a pasar desde el principio de este Gobierno: la represión que busca frenar las luchas del pueblo”, señaló el secretario general del SiPreBA, Fernando “Tato” Dondero. Y recordó: “Nosotros en su momento denunciamos el protocolo que pretendió imponer (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, que quería meternos a los trabajadores de prensa en un corralito. Sabiendo el importante rol que tenemos y tuvimos registrando los asesinatos de Maxi (Kosteki), Darío (Santillán) y Mariano Ferreyra”.

Asimismo, el legislador porteño del bloque Corriente Nacional de la Militancia, Gabriel Fuks, se reunió el miércoles pasado, junto a diputados de distintos bloques de la oposición, para presentar un proyecto para garantizar la protección de la actividad periodística en las manifestaciones.

En sus fundamentos se detalla: “resguardar la tarea periodística, proteger especialmente la labor de los trabajadores de prensa en las manifestaciones públicas cuya labor puede ser central al momento de denunciar hechos de violencia estatal y aportar pruebas para la investigación judicial; constituye un elemento central a considerar en el protocolo de actuación policial”.

Participaron del encuentro, entre otras organizaciones sindicales, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

Los trabajadores y trabajadoras de la agencia Diarios y Noticias (DyN) denunciaron la actitud reticente que mantiene la empresa -cuyos principales accionistas son Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta (Tucumán)- para pronunciarse sobre las versiones de cierre que se vienen reproduciendo desde hace varias semanas, a pesar de reconocer su existencia y estar advertida de su origen en ámbitos allegados al gobierno.

Mientras tanto, ratificaron su rechazo manifestado la semana pasada a otra posible decisión referida a una reducción de la planta de personal integrada por periodistas, reporteros gráficos, técnicos y administrativos, argumentando dificultades económicas.

Desde hace más de un año vienen denunciando el ajuste en la agencia evidenciado por el deterioro de las condiciones operativas producto de la desinversión en tecnología, y el no reemplazo del personal que accedió a la jubilación.

Ante esto es dable pensar que una reducción de la actual estructura del personal, obedezca a la idea de imponer la flexibilidad laboral de hecho, lo que el Derecho les niega por convenios y estatutos profesionales.

Los trabajadores de prensa que se desempeñan en la redacción de Ámbito Financiero no han cobrado los salarios del mes de agosto que debieron haber sido abonados el quinto día hábil. Sin embargo, promediando el mes, no sólo no están los montos salariales, sino que tampoco hay respuestas del Grupo Indalo, perteneciente al empresario Cristóbal López, acerca de cuándo pagarán.

Represión a los trabajadores de Cresta Roja

Gendarmería reprimió el jueves por la mañana una protesta de trabajadores de Cresta Roja que reclamaban la indemnización impaga de la ex Rasic. Fue en un corte de ruta realizado a la altura de la localidad de El Jagüel, a la altura del kilómetro 31, donde funciona una de las plantas avícola.

Los trabajadores iniciaron un plan de acción en rechazo a una oferta de la empresa Proteinsa S.A para saldar una deuda, que incluye el pago de una indemnización por la quiebra de Rasic.

Tal como consta en el acta firmada en el Ministerio de Trabajo, la nueva empresa propuso pagar a cada obrero 15.000 pesos no remunerativos por única vez y en tres cuotas en septiembre, octubre y noviembre y una compensación, por la “porción impaga de dichos créditos laborales, mediante el reconocimiento proporcional de la antigüedad que hubiese gozado cada trabajador en la fallida empresa, a partir del salario del mes de septiembre”.

Para los delegados de Cresta Roja, la propuesta empresarial es “inaceptable” porque supone una inversión del acuerdo anterior, que consistía en ceder antigüedad a cambio de dinero.

“Hace meses que estamos en esta situación. Reclamamos que la empresa se haga cargo de lo que le corresponde y que pague las indemnizaciones que debe por haber cesado sus actividades en 2015. Queremos también que las autoridades intervengan y nos den una respuesta”, señaló Mauricio Herrera, uno de los operarios.

Además, los trabajadores pretenden que la jueza Valeria Pérez Casado, quien interviene en la quiebra de Cresta Roja, les acerque una propuesta para destrabar el conflicto.

La avícola emplea en la actualidad a más de 2.300 empleados y redujo en un 30 % la plantilla que tenía con anterioridad a que se declarara en quiebra.

En julio, la firma amenazó con despedir a 51 operarios, pero, tras una protesta de los trabajadores que incluyó cortes en la autopista Ezeiza-Cañuelas, el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria y ordenó reincorporar a los cesanteados.

La planta 2, ubicada en el partido de Esteban Echeverría, se encuentra de paro y tomada desde hace diez días.

Continúa la toma de los científicos precarizados

Los científicos que toman en forma pacífica del edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología decidieron mantener durante este fin de semana esa protesta por el incumplimiento del acuerdo firmado en diciembre pasado, que contempla la implementación de un programa para la inserción de los científicos despedidos del Conicet con las mismas condiciones laborales y salariales de las que gozan quienes permanecen dentro de la carrera de investigadores. Además, rebatieron cada uno de los argumentos esgrimidos por el titular de esa cartera, Lino Barañao, para justificar su negativa a recibir a los trabajadores y trabajadoras del Conicet que realizan la ocupación y remarcaron que están “movilizados contra la precarización laboral”.

“Seguimos exigiendo que el Ministro nos reciba y nos dé una respuesta a la contra-propuesta presentada por los compañeros afectados y las organizaciones gremiales”, planteó la organización Jóvenes Científicos Precarizados en un comunicado junto con la Red Federal de Científicos Afectados y Científicos y Universitarios Autoconvocados. En ese comunicado solicitaron, además, a las autoridades “garantizar que no se reduzcan los salarios, que el trabajo sea estable y que el programa cuente con el financiamiento necesario”.

Ante la descalificación de Barañao, quien declaró que “a esta gente le cuesta ver que quedaron afuera”, los 500 científicos precarizados respondieron que habían superado con éxito “todas las instancias formales de evaluación, ganando un concurso público de antecedentes”. También aclararon que su reinserción “surge del acta acuerdo de diciembre de 2016”, que contempla su reincorporación “bajo las mismas condiciones salariales y de estabilidad que hubieran tenido como investigadores del Conicet”, no con un salario de 10.000 pesos menos y sin estabilidad laboral.

En cuanto a las especulaciones electorales que motivarían a los científicos a mantener la protesta, los despedidos respondieron a Barañao que están “organizados y movilizados desde hace años”, y recordaron que dentro de tres meses vence el acta acuerdo de diciembre y que lo único que los moviliza es el riesgo de quedar en la calle nuevamente.

Por último, los investigadores nucleados en Jóvenes Científicos Precarizados le recordaron al Ministro del área que su contra-propuesta contiene tres reivindicaciones concretas: “garantizar que no se reduzcan los salarios, que el trabajo sea estable y que el programa de reinserción cuente con el financiamiento necesario”.

Los científicos cumplieron el viernes el cuarto día de toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La decisión de mantener la protesta durante todo el fin de semana se había tomado durante una asamblea y se mantuvo ante la falta de respuesta de las autoridades.

El conflicto comenzó en diciembre del año pasado con el recorte de los ingresos al Conicet que dejó a 500 investigadores fuera del organismo. Luego de un año de escasos avances en la reincorporación de los despedidos, como se había comprometido el propio Barañao. En el marco de la protesta el sábado hubo un festival y domingo otras dos actividades: un picnic de los investigadores con sus familias y luego una feria de ciencias.

Convenios

Trabajadores del ingenio Ledesma iniciaron el viernes un paro de 96 horas en reclamo de mejores salarios tras rechazar en asamblea la propuesta de la empresa azucarera que “no se equipara con lo que han acordado por otros ingenios”, señalaron.

Según el Soeail, el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (Carna), que integra Ledesma, ofrece $ 20.000 para la tira final cuando “en otros ingenios se acordó $ 21.900 por el mismo concepto, también la diferencia se da en el básico”.

Tras años de bregar por un espacio en la mesa paritaria, finalmente ATE obtuvo el aval de la justicia que ordenó al gobierno de la Ciudad a darle un lugar en la discusión donde históricamente tuvo como único interlocutor al Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).

El magistrado Guillermo Scheibler, a cargo del juzgado número 13 en lo Contencioso administrativo de la Ciudad, sostuvo en el fallo que la conducta oficial “viola convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratados de derechos humanos y leyes nacionales y de la propia Ciudad de Buenos Aires”.

La Federación Nacional de Choferes de Camiones ratificó la continuidad del paro por tiempo indeterminado en todas las plantas de distribución del país de la empresa multinacional Coca Cola en demanda del cumplimiento del correcto encuadramiento gremial y del convenio colectivo, y aseguró que se sumarán las de Quilmes, Aguas y Danone, por lo que la protesta “se profundizará”, afirmó el secretario adjunto, Pablo Moyano.

El dirigente sindical y también secretario Gremial de la CGT confirmó que todas “las plantas distribuidoras de Coca Cola continúan paralizadas” por tiempo indeterminado y denunció que la multinacional “incumple” el “correcto encuadramiento de los trabajadores y la aplicación del convenio colectivo laboral 40/89” de la organización nacional.

El Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria en el conflicto, pero el gremio de Hugo y Pablo Moyano ratificó la continuidad de la huelga nacional en la compañía.

El abogado Nicolás Mayoraz, representante de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, se mostró pesimista en cuento a la posibilidad de encontrar una salida consensuada a la Ley de descanso dominical.

Los médicos bonaerenses, nucleados en la Cicop, iniciaron una campaña en demanda del cumplimiento de un acuerdo del gobierno bonaerense según el cual, aseguran, existía el compromiso del pase a planta permanente de “casi 600 becarios”.

En ese sentido, detallaron que harán una presentación judicial “para que se cumpla con el compromiso asumido en paritarias” y manifestaron que la campaña consiste en una jornada de lucha de carácter provincial el miércoles 20, “con pegatina de afiches con la leyenda ‘Vidal firmá’ para visibilizar la problemática”.

Con un contundente SI los visitadores médicos defendieron la ley de profesionalidad y rechazaron la flexibilización laboral y la intromisión de la Industria Farmacéutica en la organización sindical. Asistieron a las urnas un 75,36% de afiliados quienes respondieron afirmativamente en un 98,5% por paritarias sin condicionamientos.

“El plebiscito fue convocado ante la extorsión de la Industria Farmacéutica de no firmar paritarias desde julio de 2016 si los trabajadores no accedíamos a firmar cláusulas violatorias de las leyes de profesionalidad, de flexibilización laboral y de intromisión de las patronales en la forma de organización de los visitadores médicos”, explicó Ricardo Peidro, el secretario general de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

La Suprema Corte y la Procuración General de la provincia de Buenos Aires ordenaron el descuento de los días de paro sobre los haberes del mes de agosto de los trabajadores judiciales y la liquidación de una segunda cuota de aumento por decreto que ronda el 6%. La decisión fue tomada luego de que la Asociación Judicial Bonaerense rechazara la última oferta del gobierno provincial que empeoraba las condiciones de la propuesta anterior.

Nuevos despidos

La Cámara Nacional del Trabajo confirmó la resolución que dejó sin efecto una medida cautelar que disponía la restitución de un grupo de empleados a sus tareas en la empresa de transportes de pasajeros Monsa (Línea 60).

La Sala VIII de la Cámara rechazó la apelación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) porque no se probó que los despedidos fueran gremialistas o representantes de otros trabajadores y, por lo tanto, carecían de tutela sindical.

En los últimos días la reconocida marca de alfajores marplatense Havanna, comenzó un duro plan de ajuste sobre sus trabajadores. En principio despidió a 6 operarios, pero el temor es que sean más.

Para José García, secretario gremial del sindicato de pasteleros, los despidos son a causa de la negativa del gremio a aceptar “un ajuste salarial y laboral que pretenden imponer” en Havanna y “que está empezando a ocurrir en otras empresas”.

“Pretenden avanzar sobre nuestros derechos y ante nuestra negativa nos intentan amedrentar”, señaló el dirigente de Mar del Plata.

“Ese ajuste se viene aplicando a partir del intento de modificar un derecho adquirido como es el presentismo y ante la negativa produjeron despidos”, señaló una fuente del gremio.

Los trabajadores de Alpargatas Textil S.A están en alerta y les preocupa que la fábrica, ubicada en la provincia de Catamarca, sea desmantelada. Según publicó Catamarca TV, varios telares están siendo desarmados y presumiblemente vendidos a fábricas de Pakistán.

En las últimas semanas se conoció el arreglo de 20 empleados con prejubilaciones y desde el sindicato se lo definió como “un logro” (sic).

Esta semana, desde la dirección de la empresa se convocó a los empleados para proponerles “indemnizaciones en cuotas”. De aceptar esta propuesta, del monto total que cada trabajador debe recibir, la firma se lo pagaría entre 19 y 24 cuotas, es decir, que cobrarían en un año y medio o dos su liquidación final.

Tras una movilización el jueves del Sindicato de Trabajadores de Vigilancia Privada (STVP) por las suspensiones de trabajadores que se desempeñan en la cadena comercial Cheeky, firma que comanda la Primera Dama Juliana Awada, 13 empleados fueron reincorporados y se les pagaron los salarios caídos.

En la jornada del viernes los trabajadores de Comercio de Disco paralizaron la sucursal 35, ubicada en la calle Uriburu al 1.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida de fuerza, en respuesta a un nuevo despido en la firma del Grupo Cencosud, se enmarca en un clima conflictivo en los super e hipermercados por un profundo ajuste de personal.

Tanto el Grupo Cencosud, como Carrefour, Wallmart y Coto iniciaron agresivos procesos de reducción de personal que ya destruyeron, al menos, 60 puestos de trabajo en los últimos días.

Además, desde el Sindicato de Empleados de Comercio señalan que la avanzada va de la mano con los intentos de las empresas de flexibilizar las condiciones de empleo y contratación de los mercantiles.

La Tamse, empresa estatal de trolebuses de Córdoba, inició los trámites administrativos para quitarles la tutela gremial a tres delegados de esa empresa, impulsores del largo paro de transporte de junio pasado. Se trata de Érica Oliva, Sonia Beas y Luis Almada. La medida es el paso previo a los despidos, que se sumarían a las 183 cesantías que se generaron por aquella protesta en el transporte que había sido declarada ilegal. 
La medida forma parte de la ofensiva del Intendente Ramón Mestre contra los gremios. El jueves, denunció una conexión clandestina de electricidad en la carpa de las trolebuseras que reclaman reincorporaciones frente a la Municipalidad y multó al Suoem (municipales) por colocar afiches de campaña para la elección gremial dentro del Palacio 6 de Julio.

En la mañana de este jueves, en las oficinas de PepsiCo Cono Sur, los trabajadores se manifestaron exigiendo el cumplimiento de la medida cautelar de reincorporación a los puestos de trabajo.

El sábado, a las afueras de la planta envasadora de bebidas de la línea Pepsi de Trelew, se realizó un festival organizado por la asamblea de trabajadores y su comité de apoyo, con el objetivo de visibilizar la exigencia de la expropiación de la planta y recuperar las fuentes de empleo que fueron arrancadas a medio centenar de familias por la multinacional Ab-InBev (Cervecería y Maltaría Quilmes). 

Desde el 20 de junio, los trabajadores se encuentran ocupando las puertas de ingreso de la planta para impedir su vaciamiento, mientras negociaban con la empresa la continuidad de los puestos de trabajo constituidos en cooperativa y el pago íntegro de las indemnizaciones adeudadas.

Luego de un mes elaborando un plan de negocios, los trabajadores recibieron una respuesta inaceptable de la firma, ofreciendo menos dinero de lo que debe legalmente a los obreros por sus indemnizaciones y negándoles el derecho al reclamo posterior de las mismas. A su vez, mientras los trabajadores preparaban la propuesta, la empresa instó judicialmente el desalojo del acampe, con el objetivo de recuperar maquinarias, insumos y mobiliarios que se encuentran en la planta, que ya tiene una resolución favorable por parte del Juzgado de Ejecución N° 2 de Trelew.

Ante esta situación, y la respuesta de la firma al plan de negocios, el gobierno de la provincia de Chubut, que hasta el momento había ocupado un rol de intermediario, le dio la espalda a los trabajadores, informando a los medios la suma ofrecida a los mismos, deslegitimando su reclamo y declarando que, desde su lugar, había realizado todas las gestiones tendientes a dar una resolución al conflicto. La traición del gobierno se suma a las del gremio SUTIAGA y la federación FATAGA, así como a los dirigentes provinciales de la CGT.

El miércoles pasado, después de que el propietario de la empresa autopartista de Córdoba, Plascar, no concurriera a una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, la situación de sus empleados se agravó.

En total, aún esperan respuestas los 243 trabajadores de la autopartista, que atraviesa un concurso de acreedores. La firma tiene una deuda de casi setenta y cinco millones de pesos entre la AFIP y el sindicato de trabajadores plásticos, además del 75 % de los salarios de la última quincena.

La Comisión Directiva del Sindicato de la Salud, integrante de la CTA Autónoma, denunció “la política persecutoria puesta de manifiesto por los interventores del Centro Gallego de Buenos Aires contra activistas, delegados y dirigentes del Sindicato”.

Por esto motivo convocaron a una movilización en la puerta del Centro Gallego (Belgrano y Pasco) el miércoles 13 para visibilizar el conflicto.

Río Turbio: “Acá están, éstos son, los mineros del carbón”

A 3.000 km al sur de Buenos Aires, sube la temperatura en Río Turbio al calor de la lucha de los trabajadores de la única empresa minera operada por el Estado nacional. Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, es el centro de la cuenca carbonífera, la empresa de carbón más grande del país y cuenta con 72 km de galerías bajo tierra. 

Los trabajadores dan cuenta de la potencialidad productiva del yacimiento que está siendo desguazado por el gobierno a través de la intervención de Omar Zeidan. La empresa cuenta con una usina de 240 MW, obra a la que le falta el 30% para la finalización, tiene el 70 % de un puerto cuya construcción el gobierno abandonó, cuenta con un ferrocarril que abarata enormemente los costos del transporte, sin embargo, pretenden cerrarlo porque dicen que no es viable. El carbón extraído de la mina está a la espera de que se finalice la usina y así activar el proceso de producción de un valor agregado sobre el mineral, para poder transformarlo en energía y transportarlo a otras provincias de la Patagonia, y de este modo abastecer sus necesidades energéticas.

Así mientras el gobierno de Cambiemos debate si finaliza o no las obras, sin importar si se lleva un pueblo a cuestas, avanzan con reducción de personal y un ataque a los Convenios colectivos de trabajo lo cual forma parte de la política en curso para flexibilizar a todo el sector minero y, de este modo, hacer a YPRT más atractiva para el capital. 

“El resultado de estas y otras medidas, fueron la desafectación de más de 400 trabajadores, sumado a la denuncia de nuestro Convenio colectivo, buscando bajar puntos convencionales ligándolo a un Convenio colectivo flexible adecuado a la producción, con el fin de incrementar los ritmos de trabajo con menos personal en los sectores y una orgánica que limita la carrera laboral. Entre otros objetivos persiguen bajar, lo que ellos llaman costo laboral, en perjuicio de las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, poniendo en riesgo la estabilidad y continuidad laborales. Otra de las medidas implementadas este año de ataque constante a los trabajadores y sus salarios, fue el congelamiento salarial desconociendo el aumento pautado en las paritarias centrales, otro incumplimiento denunciado en las paritarias por parte de los trabajadores del yacimiento”, señaló Miguel Ángel Páez, Secretario General de ATE Río Turbio.

Desde el 6 de setiembre los trabajadores ocuparon la mina, esta medida de fuerza fue decidida en asamblea e incluye a todos los trabajadores de la empresa, que según se actividad se encuentran representados por los gremios de A.T.E.-A.P.S.P. Y T., LUZ Y FUERZA y LA FRATERNIDAD.

También marcharon al Ministerio de Trabajo, siendo acompañados por ATE Capital, FeTIA, Suteba, la Organización Social “La Germán”, nucleados en CTA de los Trabajadores, y la Organización Barrial Tupac Amaru, entre otros, en reclamo por los despidos de más de 80 trabajadores, la denuncia al Convenio Colectivo de Trabajo, el pedido de una personería jurídica y el desfinanciamiento en el sector.

Mientras tanto, autoridades de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) fueron citados con carácter “urgente” ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, en el marco de la denuncia por la toma de la mina de carbón por parte de trabajadores de ATE, luego de que el fiscal de la causa instara a ese tribunal a buscar la manera de hacer cesar la medida de fuerza.

“Es muy interesante la información que describe que la cantidad de empleo del sector público no se ha modificado, por el contrario, se ha reducido en un 0,4%. Echaron a 15.000 trabajadores que cobraban entre 9 y 10.000 pesos y han nombrado un número similar, pero con sueldos 5 o 6 veces por encima de los trabajadores que fueron despedidos. Redistribuyen los fondos públicos en función de fortalecer la posición de los cargos jerárquicos y el personal adepto”, explicó Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de Ate nacional.

“El Gobierno tampoco ha cumplido en absoluto con el compromiso que había asumido en diciembre de 2016 de pasar a planta permanente a 12.000 trabajadores precarizados con más de 10 años de antigüedad”. Si bien es una situación que abarca a toda la administración pública, Godoy citó como ejemplo el caso de los mineros de Río Turbio cuya empresa YCRT tiene el 80% de los trabajadores contratados.

Durante la gestión de Macri se destruyeron 33.000 puestos de trabajo, explica un documento del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala. Ese número surge de la pérdida de 73.251 puestos en rubros con salarios superiores a la media, frente a una creación de 40.277 puestos en ramas donde los salarios se ubican por debajo del promedio. Los registros oficiales muestran, sin embargo, una paulatina recuperación en los niveles de empleo total.

La hipótesis que arriesga el informe del ITE, es que los cambios en el empleo explican por qué si bien el nivel de actividad comienza a mejorar, no sucede lo mismo con el consumo masivo de bienes. El documento identifica además un estrecho vínculo entre el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo con la destrucción de empleo en sectores industriales como el textil, confecciones, cuero y calzado y automotores. La destrucción de puestos de trabajo en todos estos sectores (11.560 empleos desde que asumió el gobierno de Cambiemos) representa el 26 % de la caída total de 2016.

Un estudio de la UCES reseña que desde que asumió Macri -el 10 de diciembre de 2015- el empleo privado se expandió en nueve jurisdicciones y se contrajo en 15, arrojando un resultado negativo del 0,6%.

Aumentó en La Rioja 3,5%; Tucumán 2,7%; Catamarca 2,3%; Jujuy 1,8%; La Pampa 1%; Corrientes y Santa Fe 0,6%; Chaco 0,3% y Córdoba 0,2%; y se contrajo en Tierra del Fuego 12,1%; Santa Cruz 10,5%; San Luis y Formosa 8%; Río Negro 4,9%; Neuquén 4,3%; Chubut 3,5%; Salta y San Juan 2,1%; Santiago del Estero 1,2%; Buenos Aires 0,6%; Mendoza y Misiones 0,5%; y en menor medida en Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires”.

No obstante, sostiene que, en los primeros cinco meses de 2017, catorce jurisdicciones registraron expansión del empleo privado y diez, un declive (un saldo positivo del 0,4%).

Respecto de la dinámica de los salarios, informó que en un año y medio de gestión (hasta mayo de 2017), el poder de compra de las remuneraciones bajó en todos los grandes rubros.

Asimismo, destacó que de la variación del promedio de los salarios en 15 grandes ramas de actividad que concentran a más de 50 rubros, en “todos aumentaron menos que la inflación desde diciembre de 2015, y en 12 en el promedio de los primeros cinco meses”.

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JULIAN