Gobierno pierde control de los bienes del Estado

• Santa Cruz fue el epicentro de la toma de instituciones, empresas públicas, saqueos y vandalismo.
• Aeropuertos de Cobija, Trinidad, Guayaramerín y Riberalta están cerrados; en Villamontes amenazan con cierre de válvulas de exportación de gas.
• Ejecutivo descarta dictar estado de sitio y Congreso llama a instalar un “diálogo urgente”.

Los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni fueron escenarios de violentos disturbios, donde cívicos, estudiantes universitarios y funcionarios de las prefecturas tomaron por la fuerza varias instituciones, empresas del Estado y aeropuertos, acciones que fueron calificadas por el Gobierno como “golpe cívico-prefectural”.

SANTA CRUZ

Las instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fueron tomadas por los cívicos luego de sostener seis horas de enfrentamientos con las fuerzas del orden, que terminaron dejando las instituciones que custodiaban para evitar ser golpeados.

Tras lograr su objetivo, los movilizados saquearon las tres instituciones públicas, causaron graves destrozos, como ruptura de vidrios y escritorios, desmantelamiento de equipos seguidos con actos vandálicos.

El más afectado fue el edificio de Entel, donde los unionistas y universitarios se llevaron equipos de telefonía pública, teléfonos celulares, computadoras, tarjetas pre-pago y equipos de la central telefónica del servicio de Atención al Cliente. El monto del daño supera los 20 millones de bolivianos.

TARIJA

En la ciudad de Tarija un grupo de funcionarios de la Prefectura irrumpió de manera violenta las oficinas de la Superintendencia de Hidrocarburos.

Los cívicos del municipio de Villamontes, donde se mantiene por décimo sexto día un bloqueo de carreteras, tomaron las llaves de paso del gasoducto a Brasil en la comunidad de Taicuasi y amenazaron con cerrarlas.

En Cobija, Trinidad, Riberalta y Guayaramerín, los cívicos tomaron los aeropuertos para evitar la llegada y salida de aeronaves y algunas instituciones como la Aduana Nacional.

Ante esta situación el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, descartó dictar un estado de sitio y llamó a la población a defender la democracia y la unidad del país ante lo que llamó “un golpe cívico-prefectural”.